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La seguridad jurídica es clave en el desarrollo de los clubes náuticos y puertos deportivos

7 de Octubre de 2017.

La seguridad jurídica es clave en el desarrollo de los clubes náuticos y puertos deportivos

El "efecto 2018" (extinción de las concesiones por mandato de la Ley de Costas) es distinto en función de cada legislación autonómica. En Andalucía y Valencia se ha generado precariedad, mientras que en Baleares el sector está totalmente "pacificado" y regulado a largo plazo. 

El III Simposio de Clubes Náuticos, organizado por la Confederación de Asociaciones de Clubes Náuticos (CEACNA), que desde ayer hasta hoy reúne a más 130 profesionales del sector portuario en el Auditorio de la Diputación de Alicante, analizó las diferentes consecuencias del llamado “efecto 2018” -extinción de las concesiones por mandado de la ley de costas de 1988- en las comunidades autónomas de Valencia, Baleares y Andalucía. Alejandro Quiles, asesor jurídico de la Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía, lamentó la “inseguridad jurídica” provocada por las dos leyes, decretos y modificaciones que han tratado de resolver la problemática de la finalización de las concesiones administrativas de puertos deportivos el año que viene. No obstante, señaló que los clubes náuticos sin ánimo de lucro de la comunidad autónoma no se encuentran afectados -al menos a corto plazo-, ya que sus concesiones son “relativamente recientes”. No así las marinas, cuya situación es muy precaria y en su mayoría han decidido litigar con la administración para defender sus derechos.

En la Comunidad Valenciana, según explicó Jordi Carrasco, la mitad de los 25 clubes náuticos (12 en la zona de gestión regional y uno en la del Estado) están gestionando sus instalaciones en precario al haber finalizado su concesión y estar ocupando el espacio público mediante autorizaciones temporales que se renuevan mes a mes. Esta situación, aseguró, impide la realización de inversiones y está provocando que los puertos se queden obsoletos y no pueda ofrecer los servicios de calidad que exige el mercado actual. Carrasco consideró que el panorama portuario de la Comunidad Valenciana es fruto de la carencia normativa hasta 2014 y criticó el “desconocimiento de la laborar social que desarrollan los clubes náuticos y el paternalismo de la administración”, lo que a su vez ha dado pie a “una política difusa, sin un modelo claro”. Otro aspecto negativo de la gestión del sector portuario en esta región es, a juicio de Carrasco, el empeño del “aparato burocrático” en deslegitimar las modificaciones legales” que se han ido produciendo, poniendo en entredicho fórmulas como la competencia de proyectos o sembrando dudas sobre la naturaleza de las propias concesiones.

A pesar de la precariedad, los clubes náuticos de la Comunidad Valenciana invierten más de 3 millones de euros anuales en la promoción de deportes como el remo o la vela. En cuanto a la comunidad balear, Rafael Palmer, gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, expresó las bondades de la ley regional de puertos de 2005, que ha permitido “pacificar” el sector portuario mediante la ampliación de las concesiones. Gracias a ello, el “efecto 2018” ha sido neutralizado. Del conjunto de clubes náuticos y puertos deportivos del archipiélago situados en el área de competencia autonómica, tan sólo dos están pendientes de renovar sus títulos concesiones, lo que se espera ocurra antes de final de año. Todos ellos disfrutan de ‘alquileres’ a largo plazo -30 años con posibilidad de ampliar a 35- e ingresan unos 10 millones de euros en las arcas públicas de la comunidad. La única salvedad está en el Club de Vela de Andratx, cuya concesión ha sido anulada por el Tribunal Supremo debido a una negligencia administrativa. Palmer confío en que la ejecución de esta resolución judicial permita que este club histórico pueda seguir desarrollando su labor.

La situación es distinta en los puertos de interés general de las Islas, donde están pendientes de renovar sus concesiones varios clubes náuticos, aunque Palmer confío en que la fórmula del trámite de competencia de proyectos permita resolver estas ampliaciones, como de hecho ya ha ocurrido con el Club Náutico de Ibiza. En este sentido, el gerente de los náuticos de Baleares recomendó que los concesionarios estén muy pendientes de los criterios de dichos trámites, a fin de que recojan como condición el fomento del deporte y la labor social. Palmer emplazó asimismo a que la ley autonómica balear incluya, precisamente, el trámite de competencias de proyectos, a semejanza de la estatal, para que no surjan problemas en el futuro. Los tres ponentes, moderados por el presidente de la CEACNA, coincidieron en la necesidad de fomentar el asociacionismo, pues se ha revelado como una herramienta de interlocución muy eficar con la administración y ha propiciado mejoras legales impensables cuando cada concesionario iba por su cuenta.