Las leyes estatales de Costas y Puertos carecen de transparencia
La modificación de la Ley de Costas y la Ley de Puertos del Estado no han contribuido a aportar seguridad jurídica. Ese es el balance que se hizo en la segunda jornada del Simposio Nacional de Clubes Náuticos en la que se abordó el régimen concesional y de prórroga establecido por la nueva normativa.
José María Rodríguez Gutiérrez, jefe de los Servicios Jurídicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, fue muy crítico con la nueva Ley de Costas al señalar que “ha generado confusión, pues la normativa recae en la Comunidad Autónoma en los puertos que no son de interés general”.
Rodríguez Gutiérrez, que incidió en que la norma estatal no puede desplazar a la autonómica, aseguró que “hay cuestiones que el Estado tiene que aclarar porque parece que la modificación de la Ley de Costas ha querido tocar lo menos posible.
En opinión del jefe de los Servicios Jurídicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, “a igual realidad, la ley es más lesiva para el canon demanial de los puertos autonómicos frente a los que gestiona el Estado”.
Pablo Francisco Navarro Fernández, director del Departamento de Derecho administrativo de Price Waterhouse, abundó en la misma idea al remarcar que “se dan situaciones distintas del plazo concesional en cada comunidad autónoma” y recordó de nuevo el caso de Andalucía donde hay plazos diferentes entre los puertos autonómicos y los estatales.
Navarro Fernández, que calificó la Ley Estatal de Puertos de “galimatías”, reconoció que el legislador pretendía unificar criterios entre los puertos independientemente del tipo de gestión, “un fin que no se ha cumplido”, sentenció el jurista.
Por el contrario, José Antonio Morillo-Velarde, jefe de la asesoría Jurídica de Puertos del Estado, consideró que “la bajada de tasas y el aumento de los periodos concesionales que se incluyen en la nueva norma han contribuido a mejorar la competitividad”.
El jefe de la asesoría Jurídica de Puertos del Estado explicó que la Ley de Puertos del Estado reconoce la función social de los clubes náuticos y que esa labor se reconoce a la hora de otorgar concesiones, donde siempre es obligatorio un concurso excepto en el caso de estas entidades sin ánimo de lucro siempre que cumplan la norma de destinar el 80 por ciento de sus puestos de amarre a embarcaciones de 12 metros o menos de eslora.
Morillo-Velarde abogó por favorecer la cooperación publico-privada y apuntó que, en cierto modo, “el Estado es el arrendador del espacio público portuario y los clubes náuticos son el arrendatario y queremos que les vaya bien para poder cobrar la renta”
José Ignacio Villar García, director de Portos de Galicia, defendió que los puertos contribuyen a ordenar el territorio y remarcó que a la hora de adjudicar una concesión o una ampliación del plazo concesional, “el documento fundamental es el estudio de viabilidad”.
El director de Portos de Galicia reconoció que a este ente no le interesa administrar de forma directa los puertos porque “no tenemos dinero para mantenimiento” y apuntó que si se apuesta por otorgar concesiones administrativas “quizás en estos casos no habría que pedir una inversión inicial”.
Respecto al futuro, José Ignacio Villar García afirmó que el esfuerzo inversor se debe encaminar hacia la responsabilidad social corporativa “en los puertos no cabe más hormigón, así que hay que empezar a trabajar con temas educativos, personas con discapacidad, mejoras del medio ambiente e innovación y desarrollo”.
Fuente Mallorca Press, 29 de noviembre de 2015
