La ley balear del deporte abre la posibilidad de que los clubes náuticos puedan tener esta consideración y hacerla valer a la hora de renovar sus concesiones
Los clubes náuticos forman a deportistas desde la base hasta la élite en las disciplinas de piragüismo y vela.
El presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), Toni Estades, defiende la necesidad de que los clubes náuticos sean reconocidos legalmente como entidades de interés público, una consideración que, a su juicio, puede resultar determinante para garantizar su supervivencia a largo plazo. Así lo afirmó en una entrevista en Gaceta Náutica Radio en la que abordó los principales retos a los que se enfrentan estas entidades, con especial atención a la reforma de la Ley de Puertos de Baleares, actualmente en tramitación parlamentaria.
La ACNB agrupa a 24 clubes náuticos de las Islas Baleares, que en conjunto reúnen a unas 12.000 familias asociadas y gestionan cerca de 8.500 amarres, de los cuales alrededor del 70% corresponden a embarcaciones de menos de 10 metros de eslora. Se trata, según recalcó Estades, de una náutica mayoritariamente vinculada al residente balear y a embarcaciones pequeñas y medianas, alejada del modelo estrictamente mercantil.
Desde el punto de vista económico y social, los clubes náuticos pagan cada año unos 18 millones de euros en cánones y tasas, generan 3.259 puestos de trabajo (1.132 de ellos fijos) e invierten alrededor de 11 millones de euros anuales en actividad deportiva. Más de 3.000 licencias de vela y piragüismo y unos 8.000 alumnos en escuelas de mar cada año corroboran el peso de estas entidades en la base deportiva de las islas, a lo que se suma un palmarés que incluye siete podios olímpicos.
El eje central de la propuesta de la ACNB pasa por aprovechar el encaje que ofrece la Ley del Deporte de las Illes Balears, aprobada en 2023, que introduce el concepto de «utilidad pública» aplicado a asociaciones deportivas. Los clubes náuticos, recordó Estades, son asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, y su actividad encaja plenamente en esta definición por su función social y deportiva.
La consideración de interés o utilidad pública permitiría, según explicó, dotar a los clubes de una mayor seguridad jurídica en futuros procesos concesionales, concursos o prórrogas, y facilitaría la continuidad de proyectos a largo plazo. «No se trata de privilegios», insistió, sino de reconocer una función que los clubes ya vienen desempeñando desde hace décadas.
REFORMA DE LA LEY DE PUERTOS
Esta reivindicación se enmarca en la proposición de modificación de la Ley de Puertos de Baleares impulsada por la ACNB y tomada en consideración por el Parlament el pasado mes de octubre. El texto se encuentra ahora en fase de estudio de alegaciones.
El principal objetivo de la reforma es regular de forma clara y estable el régimen de prórrogas de las concesiones portuarias. La legislación autonómica vigente, aprobada en 2005 y modificada posteriormente, no desarrolla en profundidad este aspecto.
Según explicó Estades, la propuesta de la ACNB se alinea con los límites que marca la legislación portuaria estatal: prórrogas ordinarias de hasta 50 años y, de forma excepcional, hasta 75 años. En todos los casos, subrayó, estas prórrogas están vinculadas a inversiones relevantes en infraestructuras y modernización de las instalaciones, que deben revertir en el dominio público portuario.
«El debate sobre las prórrogas a veces se plantea como si se tratara de concesiones gratuitas o perpetuas, y no es así», señaló. «Siempre van asociadas a compromisos de inversión muy importantes».
Otro de los asuntos que la ACNB considera prioritarios es la supresión de la llamada tasa G5, una figura que grava a determinadas instalaciones náuticas por supuestos beneficios derivados de infraestructuras ejecutadas por la administración, como diques de abrigo. Estades calificó esta tasa de «mal definida» tanto en su hecho imponible como en su base de cálculo y denunció la falta de criterios claros en su aplicación. Según explicó, existen instalaciones que deberían pagarla y no lo hacen, mientras que otras asumen importes desproporcionados. Aunque la eliminación de la G5 no forma parte de la actual modificación de la Ley de Puertos por tratarse de una cuestión económica, el presidente de la ACNB aseguró que existe un consenso creciente, incluso en el ámbito político, sobre la necesidad de revisarla o suprimirla.
PRÓRROGAS, CONCURSOS E INCERTIDUMBRE
La situación concesional de varios clubes ha marcado la agenda reciente del sector. Estades destacó como noticias positivas las prórrogas obtenidas por el Club Náutico de Palma y el Club Nàutic Portitxol, dos casos que, a su juicio, han servido de advertencia al conjunto de los clubes. «Si una entidad con el peso histórico y social del Náutico de Palma ha tenido que acudir a los tribunales, eso demuestra que no hay nada garantizado», afirmó.
En cuanto al Club Marítimo de Mahón, actualmente inmerso en un concurso público, consideró positivas unas bases que otorgan un peso importante a la actividad deportiva. A su entender, este enfoque limita el interés de operadores puramente mercantiles y favorece un modelo más cercano al que tradicionalmente han representado los clubes náuticos. Más compleja es la situación de otros clubes, como el Club Náutico de Ibiza o el Club de Vela de Andratx, cuya continuidad considera incierta y a los que garantiza todo el apoyo de la ACNB.
Noticia de https://www.gacetanautica.es/noticias/interes-publico-la-clave-de-la-supervivencia-de-los-nauticos
